(Washington, D. C.) – Desde que puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Haití a finales de julio de 2026, el gobierno de Estados Unidos ha deportado a cientos de haitianos a su país, donde enfrentan amenazas contra su vida y seguridad, y reciben poco o ningún apoyo, señaló hoy Human Rights Watch. El Senado de Estados Unidos debería aprobar urgentemente el proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Representantes, que restablecería el TPS para los haitianos.
Según la Oficina Nacional de Migración de Haití (Office National de la Migration), más de 450 personas han sido deportadas de Estados Unidos a Haití desde julio. Muchas habían vivido en Estados Unidos durante años y fueron separadas de familiares que son ciudadanos estadounidenses, mientras que otras dijeron que tenían solicitudes de asilo pendientes en ese país. Funcionarios del gobierno haitiano dijeron a Human Rights Watch que las autoridades carecen de los recursos financieros, el personal y los marcos normativos necesarios para recibir y asistir de manera segura a las personas deportadas.
“Estados Unidos está enviando a personas, algunas con solicitudes de asilo pendientes, a un país que no tiene capacidad para protegerlas de la violencia, y mucho menos para ayudarlas a encontrar comida y alojamiento”, dijo Nathalye Cotrino, investigadora sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno de Estados Unidos debería detener de inmediato estas deportaciones”.
Los vuelos de deportación a Cabo Haitiano, una ciudad en la costa norte de Haití cuya población se ha triplicado en medio del aumento de la violencia criminal y el hambre en todo el país, han pasado de aproximadamente uno al mes a uno por semana. Actualmente, la ciudad es el único punto de entrada viable para estos vuelos, ya que los grupos criminales han hecho que el aeropuerto de la capital de Haití, Puerto Príncipe, no sea seguro.
Human Rights Watch visitó Cabo Haitiano del 24 al 30 de agosto. Los investigadores entrevistaron a 44 personas haitianas deportadas que habían llegado en los dos primeros vuelos de deportación posteriores al fin del TPS, el 20 y el 27 de agosto, así como a funcionarios del gobierno haitiano y a representantes de organismos internacionales que participaron en su recepción. El 27 de agosto, Human Rights Watch estuvo en el aeropuerto cuando llegó el vuelo de deportación y documentó de primera mano el proceso de recepción. Los investigadores también revisaron información de los gobiernos de Estados Unidos y Haití, de agencias de las Naciones Unidas y de otras fuentes creíbles que dan seguimiento a las deportaciones.
El TPS es un mecanismo previsto en la legislación estadounidense que el gobierno puede invocar para impedir las deportaciones a países que presentan condiciones particularmente peligrosas, hasta que dichas condiciones mejoren. Estados Unidos otorgó por primera vez el TPS a los haitianos en 2010, tras un devastador terremoto, y lo ha prorrogado en reiteradas ocasiones desde entonces ante el aumento de la violencia, la crisis humanitaria y los abusos generalizados contra los derechos humanos. En 2025, la administración de Trump tomó medidas para poner fin al TPS para los haitianos y, tras más de un año de litigio, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el 25 de junio de 2026 que la terminación podía proceder. El TPS para unos 330.000 haitianos terminó el 27 de julio.
La mayoría de las personas entrevistadas dijeron que huyeron de Haití debido a las prolongadas crisis de seguridad y humanitaria que atraviesa el país, las cuales no han hecho más que agravarse con el paso de los años. Algunos se fueron después del terremoto de 2010, pero la gran mayoría partió tras el asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse en 2021 y la profundización de la violencia y la inestabilidad que siguieron. Muchos dijeron que habían vivido durante varios años en Estados Unidos, en estados como Florida, Nueva York, Indiana, Massachusetts, Ohio, Nueva Jersey y Pensilvania. Las personas entrevistadas habían trabajado en los sectores de la construcción, la atención médica, la industria manufacturera, la hotelería, la logística, el comercio minorista o la agricultura. Muchos habían formado familias de estatus migratorios mixtos, con hijos ciudadanos estadounidenses nacidos en Estados Unidos.
La mayoría dijo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) las había detenido antes de que el TPS terminara formalmente y nunca les explicó el motivo de su detención. La mayoría señaló que, mientras estaban protegidas por el TPS, también habían presentado solicitudes de asilo. Algunas dijeron que sus solicitudes aún estaban pendientes al momento de su deportación y que no pudieron comunicarse con sus abogados ni comparecer ante un juez de inmigración antes de ser deportadas.
“No entiendo por qué”, dijo un hombre de 46 años que fue detenido una mañana cuando salía de su casa para ir a trabajar en Miami. “Trabajaba, pagaba impuestos, asistía a mis citas de inmigración y esperaba que resolvieran mi solicitud de asilo. Después me dijeron que tenía una orden de deportación. Nunca antes había oído hablar sobre de esa orden. Seguí pidiendo un abogado, pero nadie me ayudó”.
A su llegada a Cabo Haitiano, las personas deportadas fueron recibidas en el aeropuerto por un pequeño equipo de la Oficina Nacional de Migración de Haití, que dirige el proceso de recepción junto con agentes de policía, personal de la Cruz Roja Haitiana y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los funcionarios las registraron en una estructura construida con varios contenedores de carga adaptados, ubicada junto a la pista de aterrizaje, con capacidad para unas 60 personas y 2 baños en el exterior, pero sin agua corriente. El registro consistió en verificar el nombre y la información de identificación de cada persona con el manifiesto de vuelo enviado por las autoridades estadounidenses, anotar su lugar de nacimiento y otros datos personales básicos, preguntarles sobre su estatus migratorio en Estados Unidos y registrar la información que proporcionaban.
A continuación, los funcionarios entregaron una comida sencilla, una bebida y al menos 10.000 gourdes haitianos (aproximadamente US$77) en ayuda en efectivo. También distribuyeron algunas de las pertenencias de las personas deportadas, que las autoridades estadounidenses habían enviado en bolsas, mientras que el personal de la Cruz Roja Haitiana les ofreció la posibilidad de llamar o enviar mensajes a sus seres queridos. Posteriormente, las personas deportadas fueron trasladados en autobús al Servicio Departamental de la Policía Judicial para un registro adicional.
Salvo una asistencia limitada en casos urgentes, las autoridades haitianas y las agencias humanitarias no ofrecen alojamiento, atención médica, transporte, protección ni apoyo sostenido para la reintegración. Tras registrarse, las personas deportadas quedaron a su suerte, y muchas no sabían qué hacer ni adónde ir. Algunas regresaron a sus ciudades de origen, pero, debido a la situación de seguridad, muchos intentaron reunirse con familiares o amigos en otras partes del país. Algunas emprendieron el viaje ese mismo día, mientras que otras permanecieron durante días en Cabo Haitiano a la espera de recibir transferencias de dinero para hacer el viaje.
“No puedo regresar a La Saline”, dijo un deportado del vuelo del 27 de agosto, refiriéndose a su barrio de Puerto Príncipe, donde vivía. “Los criminales siguen controlando el barrio. Me fui porque temía que me asesinaran, y ahora me han enviado de regreso al mismo peligro”.
Al poner fin al TPS para los haitianos, la administración Trump afirmó que las condiciones en Haití habían mejorado lo suficiente como para que el país dejara de cumplir los requisitos legales para el TPS. Sin embargo, la propia evaluación del gobierno de Estados Unidos pone de manifiesto la gravedad de la situación de seguridad. El Departamento de Estado sigue clasificando a Haití en el Nivel 4, “No viajar”, el nivel más alto de alerta de viaje, y advierte a los ciudadanos estadounidenses que no viajen allí debido a la criminalidad, los secuestros, el terrorismo, los disturbios y el acceso limitado a servicios de salud.
El 30 de agosto, el “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, defendió las deportaciones al tiempo que admitió que desconocía la situación en Haití. “No conozco las condiciones en Haití. Nunca he estado en Haití”, dijo a CNN, y agregó que el gobierno “solo estaba haciendo cumplir la ley”.
Un hombre de 38 años que trabajaba en un hotel de Miami y fue deportado el 20 de agosto dijo que llevaba más de una semana varado en Cabo Haitiano, tratando de conseguir dinero para reunirse con sus familiares en Jacmel, en el sur del país. “Para llegar a Jacmel, posiblemente tenga que viajar por zonas controladas por grupos criminales, donde detienen, extorsionan, secuestran o matan a la gente”, dijo. “Hui de Haití para salvar mi vida. Ahora me han enviado de regreso aquí para morir”.
El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe devolver a cualquier persona a un país donde su vida o su integridad física corran peligro. En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a Estados Unidos a “garantizar la protección internacional en los casos en los que haya razones sustanciales para considerar que el retorno de ciertas personas a Haití las expondría a un grave riesgo de violaciones de sus derechos a la vida o a la integridad personal”. La CIDH hizo hincapié en que las deportaciones deben evaluarse caso por caso, cumplir el debido proceso y garantizar el acceso a recursos efectivos.
“Las personas deportadas están siendo devueltas a una situación de violencia generalizada y hambre extrema, y luego se las deja sin alojamiento, sin transporte seguro ni apoyo significativo”, dijo Cotrino. “Estados Unidos debería proteger a estas personas, no agravar el sufrimiento que ya han padecido”.
Para obtener más testimonios y detalles, ver a continuación.
Las personas deportadas están siendo devueltas a un país que enfrenta una crisis humanitaria y de derechos humanos cada vez más grave. Según las Naciones Unidas, entre enero de 2023 y junio de 2026, al menos 19.380 personas fueron asesinadas en actos de violencia en los que estuvieron involucrados grupos criminales, “grupos de autodefensa” y las fuerzas de seguridad del gobierno. El número anual de muertes aumentó en aproximadamente un 24 % entre 2023 y 2025, pasando de 4.789 a al menos 5.915. Al menos otras 3.050 personas fueron asesinadas durante los primeros seis meses de 2026.
A pesar del despliegue parcial en abril de la Fuerza de Represión de las Bandas autorizada por la ONU, cuyo mandato es apoyar a las autoridades haitianas en la lucha contra los grupos criminales y el restablecimiento de la seguridad, la violencia ha continuado sin cesar. Los grupos criminales que antes operaban principalmente en Puerto Príncipe han expandido sus actividades a las comunidades rurales en por lo menos cinco de los diez departamentos de Haití. Estos grupos siguen utilizando la violencia sexual, incluidas las violaciones en grupo, para controlar el territorio; aterrorizar y castigar a la población; y desplazar por la fuerza a las comunidades. Según la OIM, cerca de 1,5 millones de personas se encuentran desplazadas internamente.
La violencia ha exacerbado la crisis humanitaria en todo el país. Más de la mitad de la población de Haití necesita asistencia humanitaria y enfrenta inseguridad alimentaria aguda a niveles de crisis o peores.
Recepción desbordada en Cabo Haitiano
Actualmente, los vuelos de deportación de Estados Unidos aterrizan en Cabo Haitiano, la capital del departamento Norte de Haití y la segunda ciudad más grande del país, que se ha convertido en un importante centro de transporte y asistencia humanitaria a medida que la inseguridad aísla cada vez más a la capital de Haití. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos prohíbe a los operadores comerciales estadounidenses y a las aeronaves civiles matriculadas en Estados Unidos sobrevolar Puerto Príncipe a menos de 10.000 pies de altura, debido al peligro que representa el control de los grupos criminales sobre los alrededores del aeropuerto. A inicios de septiembre, la FAA extendió estas restricciones hasta el 2 de marzo de 2027.
Los vuelos llegan a una ciudad que ya enfrenta dificultades para acoger a decenas de miles de personas desplazadas por la violencia y la inseguridad. El Instituto Haitiano de Estadística e Informática (Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique) estimó que la población de Cabo Haitiano era de 300.000 en julio de 2024, mientras que la OIM registró allí 50.648 personas desplazadas internamente adicionales en mayo de 2026.
El alcalde Michel Saint-Croix dijo a Human Rights Watch que la población se había más que triplicado en dos años y ahora superaba el millón de habitantes debido a la llegada de personas desplazadas internamente y de haitianos retornados a la fuerza desde otros países, principalmente las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos. Dijo que este crecimiento había aumentado aún más la presión sobre los ya deficientes servicios de electricidad, agua, vivienda, atención médica, y otros servicios municipales.
Desde hace casi una década, la ciudad ha enfrentado un suministro eléctrico poco confiable. Funcionarios municipales señalaron que, desde 2021, el servicio de electricidad proporcionado por el Estado prácticamente no está disponible, lo que obligó a los hogares, los comercios y las instituciones públicas a depender de costosos generadores a diésel o sistemas solares privados. El suministro de agua corriente también sigue siendo sumamente limitado. Entre marzo y junio de 2026, la Clasificación Integrada de Fases de Inseguridad Alimentaria (Integrated Food Security Phase Classification) clasificó a Cabo Haitiano en un nivel de inseguridad alimentaria de crisis. Un funcionario del Ministerio de Salud Pública y Población (Ministère de la Santé Publique et de la Population) dijo que la ciudad presenta importantes deficiencias en la atención médica de emergencia, de materna y pediátrica.
Funcionarios de la Oficina Nacional de Migración de Haití dijeron que las autoridades estadounidenses les notificaron con aproximadamente dos días de antelación sobre los vuelos del 20 y el 27 de agosto. Sin embargo, en ambos casos, las listas de pasajeros enviadas por Estados Unidos no reflejaban con precisión el número de personas que llegaron. El vuelo del 20 de agosto transportó a 161 personas, una cifra significativamente mayor a la indicada inicialmente, mientras que el 27 de agosto llegaron 57 personas.
Human Rights Watch revisó los manifiestos de ambos vuelos y encontró que en ellos figuraban el nombre, la fecha de nacimiento, el género, la nacionalidad y el número A (que las autoridades de inmigración de Estados Unidos utilizan para identificar y dar seguimiento al expediente migratorio de una persona) de cada persona deportada. Los manifiestos no incluían los motivos de la deportación ni información sobre la situación migratoria, las necesidades, los contactos familiares o las pertenencias de las personas deportadas.
“No tenemos forma de saber con antelación si alguien llegará con una condición médica urgente, una discapacidad, una necesidad de protección u otra situación de vulnerabilidad”, dijo una funcionaria de migración haitiana. “Sin esa información, nos resulta aún más difícil prepararnos para recibir a las personas deportadas y coordinarnos con otras instituciones para brindarles siquiera una asistencia mínima”.
Los funcionarios de migración dijeron que las autoridades estadounidenses les informaron que planeaban enviar hasta dos vuelos de deportación por semana, cada uno con aproximadamente 200 personas a bordo. Los funcionarios señalaron que el gobierno haitiano carecía del personal, la infraestructura y los recursos necesarios para recibir de manera segura a las personas deportadas a ese ritmo.
Human Rights Watch observó el proceso de recepción del vuelo del 27 de agosto. La Oficina Nacional de Migración dirigió el proceso con el apoyo de la OIM, notificando a otras instituciones que prestaban asistencia por teléfono o WhatsApp.
Las autoridades haitianas registraron a las personas deportadas en un contenedor de carga reconvertido con cerca de 60 asientos y 2 baños, de los cuales solo uno funcionaba y ninguno tenía agua corriente. Poco antes de que llegara el vuelo procedente de Estados Unidos, otro vuelo trasladó a 105 personas haitianas deportadas desde las Bahamas, superando la capacidad del contenedor. Los funcionarios instalaron una carpa con unos 30 asientos adicionales en el patio polvoriento adyacente, pero ninguno de los dos espacios ofrecía privacidad para realizar evaluaciones individualizadas sobre problemas de salud, riesgos de protección u otras vulnerabilidades.
Varias personas deportadas dijeron que, mientras permanecieron detenidos en centros de detención migratoria de Estados Unidos, pasaron horas sin comida ni agua y días sin bañarse ni cambiarse de ropa. Muchos llegaron con los mismos pantalones deportivos gris claro, camisetas, y zapatos azules que las autoridades estadounidenses les habían entregado al momento de su detención, con pocas o ninguna pertenencia personal.
La mayoría dijo que, al llegar, no les devolvieron las pertenencias que llevaban consigo cuando fueron detenidas—incluida ropa, joyas, dinero en efectivo, documentos de identidad y pasaportes haitianos, teléfonos celulares y tarjetas de crédito. Las autoridades haitianas encargadas de recibir a las personas deportadas señalaron que sus pertenencias no siempre llegaban junto con ellas. Human Rights Watch también observó que, tras el vuelo del 27 de agosto, las pocas bolsas con pertenencias que fueron descargadas del avión fueron trasladadas directamente desde la pista hasta la zona de recepción de las personas deportadas.
Un hombre de 31 años que trabajaba cuidando a personas mayores en Florida dijo que tenía TPS y una solicitud de asilo pendiente cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus silgas en inglés) lo detuvieron al salir de su casa a principios de agosto. Las autoridades lo llevaron primero al Centro de Procesamiento Krome North, un centro de detención de ICE, y el 18 de agosto lo trasladaron al Centro de Transición de Broward. Sin embargo, las pertenencias que le habían quitado al detenerlo no fueron trasladadas con él. En Broward, pidió que le permitieran llenar un formulario para dejar constancia de las pertenencias faltantes. “Tenía una mochila negra que contenía mi pasaporte, mi tarjeta del Seguro Social, mi licencia de conducir y mi tarjeta bancaria, además de una chaqueta, un impermeable, mi teléfono y los cargadores”, dijo. “Nada de eso vino conmigo, así que les pedí que lo pusieran por escrito y conservé el formulario”.
“Un oficial de ICE me dijo que me iban a deportar a Haití y que mis pertenencias me serían devueltas allí”, dijo. “Pero, como puede ver, nada llegó”.
Los funcionarios de migración entregaron a cada deportado una comida caliente, una bebida y 10.000 gourdes (aproximadamente $77) antes de que el Servicio de Policía Judicial Departamental los trasladara en un autobús contratado de forma privada a la estación central de policía para realizar un registro adicional.
El director del Servicio Departamental de Policía Judicial dijo que las autoridades estadounidenses solo proporcionaban información biográfica básica sobre las personas deportadas, sin copias de los antecedentes penales cuando correspondía, sin documentación de respaldo ni un canal para verificar la información. La policía podía detener a las personas deportadas para realizar verificaciones adicionales, pero rara vez lo hacía porque carecía de la información y los recursos necesarios para verificar antecedentes penales en Haití o en el extranjero.
A partir de ese momento, las personas deportadas quedaron a su suerte para encontrar alojamiento y organizar su traslado para intentar llegar a sus comunidades. Las personas deportadas dijeron que dependían de familiares o de transferencias de dinero para su alojamiento y el viaje posterior. Algunas, en particular las procedentes de los departamentos de Oeste y Artibonite, permanecieron varadas durante un par de días porque no podían regresar a sus hogares de manera segura o no podían pagar el transporte, o porque temían atravesar zonas controladas por grupos criminales.
Human Rights Watch entrevistó a funcionarios de nueve instituciones del gobierno haitiano con responsabilidades relacionadas con la recepción y asistencia a las personas deportadas, incluidas entidades encargadas de migración, salud, protección infantil, educación, trabajo, identificación, justicia y gobierno local. Todos dijeron que las autoridades haitianas carecen de capacidad para proporcionar alojamiento, asistencia alimentaria continua, transporte seguro hasta el destino final, atención médica o psicosocial sostenida, o un canal establecido con las autoridades estadounidenses para ayudar a las personas deportadas a recuperar sus pertenencias faltantes. También describieron otras deficiencias en los servicios disponibles.
Funcionarios del Instituto de Bienestar Social e Investigaciones (Institut du Bien-Être Social et de Recherches) dijeron que cuando se deporta a menores de edad, verifican si llegan con uno de sus padres o con un tutor y hacen esfuerzos para reunificar a los menores no acompañados con sus familiares, organizando alojamiento temporal a través de albergues privados asociados cuando es necesario. Sin embargo, señalaron que el instituto no contaba con un espacio para realizar entrevistas privadas con los menores de edad y carecía de un albergue propio o de un mecanismo para dar seguimiento a los menores después de la reunificación.
Funcionarios del Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo (Ministère des Affaires Sociales et du Travail) afirmaron que no contaban con recursos económicos, alimentos, ropa ni alojamiento destinados a las personas deportadas. Funcionarios de la Oficina Nacional de Identificación (Office National d’Identification) señalaron que no existía un proceso acelerado para las personas deportadas sin documentos de identidad, lo que obligaba a algunos a esperar de uno a tres meses para obtener un acta de nacimiento y una cédula de identificación nacional. Funcionarios del Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional (Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle) indicaron que no contaban con un plan para integrar a los menores de edad deportados, incluidos aquellos que anteriormente hubieren recibido educación en inglés o portugués.
Los funcionarios de las instituciones haitianas afirmaron de manera consistente que el gobierno haitiano no cuenta con ningún plan para apoyar la reintegración a largo plazo de las personas deportadas.
Deportaciones de Estados Unidos tras la terminación del TPS
Tras poner fin al TPS para los haitianos, las autoridades estadounidenses aumentaron drásticamente los vuelos de deportación a Haití. Entre el 20 de agosto y el 17 de septiembre, ICE envió 5 vuelos semanales consecutivos a Cabo Haitiano, con un total de 474 personas, según las autoridades haitianas. Antes de que finalizara el TPS, Estados Unidos solía operar aproximadamente un vuelo de deportación a Haití cada mes.
Muchas de las personas deportadas entrevistadas estaban visiblemente angustiadas, y la mayoría pidió no ser identificada, debido al miedo, vergüenza o desconfianza que sentían tras el trato recibido por parte de las autoridades estadounidenses. Human Rights Watch utilizo seudónimos para proteger sus identidades.
La mayoría de las personas entrevistadas dijeron que eran originarios del departamento del Oeste, incluyendo Puerto Príncipe, Carrefour, Delmas y Léogâne. Otros eran de los departamentos de Artibonite, Sur, Sureste y Noroeste. Los entrevistados dijeron que habían llegado a Estados Unidos entre 2012 y 2024 y que habían vivido allí entre 2 y 14 años antes de ser deportados. Muchos habían formado familias que incluían a personas de diferentes nacionalidades o estatus migratorios, y dejaron atrás a parejas, familiares cercanos e hijos nacidos en Estados Unidos, Brasil o México, donde algunos habían vivido anteriormente. Las deportaciones a menudo separaron a estas familias y, en algunos casos, dejaron a los cónyuges en Estados Unidos como únicos responsables del cuidado de sus hijos y del pago del alquiler y de otros gastos del hogar.
Pierre R., de 38 años, deportado el 20 de agosto, dijo que había vivido en Florida desde diciembre de 2019 y que había trabajado en el mismo hotel durante casi siete años. Comenzó limpiando y transportando suministros y, más tarde, se le encomendó la tarea de capacitar a los nuevos empleados. “La gente me conocía allí”, dijo. “Mis compañeros de trabajo conocían a mi esposa y a mi hijo, mis vecinos nos conocían y nos apoyaban, asistíamos a la iglesia los domingos”.
Su esposa y su hijo de 5 años, ciudadano estadounidense que había comenzado recientemente la escuela, permanecen en Florida. “Trabajé para que él pudiera crecer sin el miedo, la violencia y la incertidumbre que yo había conocido en Haití”, dijo. “No pude abrazar a mi hijo. Mi esposa ahora está sola con el alquiler, las cuentas y nuestro hijo. Me dice que él todavía me espera y pregunta si estaré allí cuando regrese de la escuela”.
Todas las personas entrevistadas dijeron que habían tenido TPS—Human Rights Watch buscó específicamente entrevistar a personas que afirmaron haber contado con esta protección—y todas afirmaron que también habían solicitado asilo, residencia permanente legal u otra forma de estatus migratorio. Muchas dijeron que sus solicitudes seguían pendientes cuando las autoridades estadounidenses las detuvieron y posteriormente las deportaron.
Human Rights Watch verificó la información disponible sobre los procedimientos migratorios de las personas entrevistadas a través de la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria y encontró que se habían dictado órdenes de deportación contra algunas de ellas antes de que fueran deportadas. Cuando se les preguntó sobre estas órdenes, dijeron que ICE no se las había mostrado y que creían que sus casos migratorios seguían pendientes. Dado que ninguna de ellas tenía acceso a sus expedientes migratorios, Human Rights Watch no pudo verificar de manera independiente el estado y el historial completos, ni sus relatos sobre su estatus migratorio y los procedimientos en Estados Unidos.
Las personas entrevistadas dijeron que agentes de ICE u otras autoridades de seguridad los detuvieron cuando salían de sus casas para ir a trabajar, durante las pausas para almorzar, tras controles de tránsito o cuando se presentaron a citas programadas de control migratorio. La mayoría fue detenida antes de que el TPS terminara el 27 de julio. La mayoría dijo que los agentes de ICE no les dieron una explicación clara en ese momento, aunque a algunos se les informó posteriormente que tenían órdenes de deportación, que hasta entonces desconocían, mientras que otras dijeron que ICE hizo referencia a la inminente terminación del TPS a pesar de que aún no había entrado en vigor.
“No les importó que estuviera casada legalmente, que mi esposo fuera ciudadano estadounidense, que mi solicitud [de residencia permanente] estuviera pendiente, ni siquiera que yo cuidara de él”, dijo Lucie D., de 47 años, quien había vivido en Miami durante 10 años.
Lucie dijo que había sido beneficiaria del TPS durante varios años y que llevaba seis años casada con su esposo, ciudadano estadounidense, de quien era la principal cuidadora debido a que estaba gravemente enfermo. Después de que el gobierno de Estados Unidos anunció que pondría fin al TPS para los haitianos, solicitó la residencia permanente basándose en su matrimonio con un ciudadano estadounidense. ICE la detuvo el 18 de agosto, cuando acudió a una entrevista programada como parte de ese proceso.
“No me dieron tiempo para llamar a mi abogado”, dijo. “Solo me dijeron que se me había emitido una orden de deportación muchos años antes y que me estaban deteniendo y enviando a Haití”.
Una vez detenidas, la mayoría de las personas entrevistadas dijeron que las autoridades no les permitieron comunicarse con sus abogados ni comparecer ante un juez de inmigración, mientras que muchas recibieron poca o ninguna información sobre sus solicitudes de asilo pendientes, los motivos de su detención o cómo podían impugnar su deportación.
Claire J., de 24 años, quien trabajaba como cuidadora y se estaba capacitando para convertirse en auxiliar de enfermería certificada en Florida, dijo que ICE la detuvo a principios de julio cuando acudió a una cita programada de control migratorio. “Hui de Haití en agosto de 2023, cuando grupos criminales atacaron mi barrio”, dijo. “La violencia me obligó a abandonar mis estudios y todo por lo que había estado trabajando. Llegué a Florida más tarde ese mismo año, solicité asilo y obtuve el TPS. En Miami, encontré trabajo cuidando a un hombre de 86 años en su casa de Coral Gables”.
“ICE no me explicó por qué me estaban deteniendo”, dijo. “Les dije que mi solicitud de asilo aún estaba pendiente y que estaba estudiando. No les importó. Ni siquiera me dejaron llamar a un abogado”.
Las personas entrevistadas dijeron que habían pasado entre uno y seis meses bajo custodia de las autoridades de inmigración de Estados Unidos, a veces siendo trasladados entre varios centros de detención. Informaron que pasaron la mayor parte del tiempo en el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North en Miami y en el Centro de Transición de Broward en Pompano Beach, así como en otros centros de detención en Ohio, Nueva York, Massachusetts y Pensilvania.
En todos estos centros, las personas entrevistadas describieron condiciones abusivas, incluyendo un grave hacinamiento, alimentación inadecuada, falta de servicios de saneamiento, denegación de atención médica adecuada, dificultades para obtener medicamentos o comunicarse con sus familiares, y maltrato verbal y psicológico. Sus relatos coinciden con los abusos documentados anteriormente en algunos de estos mismos centros. En julio de 2025, Human Rights Watch documentó el hacinamiento, encontró evidencia de atención médica inadecuada, trato degradante y detención prolongada en Krome, Broward y el Centro Federal de Detención de Miami.
“Había tanta gente en las celdas que no había suficiente espacio para que todos se acostaran”, dijo Jean F., de 46 años, un trabajador de una planta procesadora de aves de corral que fue deportado el 27 de agosto. “Teníamos que turnarnos para acostarnos”. Dijo que ICE lo detuvo en Krome durante tres meses. “La comida era escasa y de muy mala calidad, a veces poco cocida, y hasta el olor podía ser repugnante”, dijo. “La gente se enfermaba por la comida, pero era difícil conseguir medicamentos o incluso ver a un médico”.
Varias personas entrevistadas dijeron que, agotadas por las condiciones de detención, presionadas por los agentes de ICE y al no ver ninguna alternativa viable, firmaron documentos en los que aceptaban o reconocían su traslado a Haití. Otras dos dijeron que aceptaron ser deportadas a México, donde habían vivido anteriormente y tenían residencia legal, pero las autoridades estadounidenses los enviaron a Haití en su lugar. Solo una de ellas logró conservar un documento que lo confirmara.
Entre las personas deportadas el 27 de agosto se encontraban una pareja haitiana y sus dos hijos, de 5 y 3 años; el menor era ciudadano estadounidense. “Mi pareja, nuestro hijo mayor y yo teníamos TPS y también habíamos solicitado asilo”, dijo Marc D., el padre de 45 años. “Estábamos esperando una audiencia ante la corte programada para 2029. Cuando terminó el TPS, temíamos que ICE nos detuviera, así que nos fuimos a Canadá a solicitar asilo. Tres días después, las autoridades canadienses nos devolvieron a Estados Unidos y nos entregaron a ICE”.
Marc dijo que ICE detuvo a la familia en Nueva York, lo separó de su pareja y de sus hijos, y no le permitió comunicarse con un abogado, dijo. “Cuando le dije a un oficial que mi hijo menor era ciudadano estadounidense, me respondió: ‘Tu hijo puede quedarse, pero el Estado se hará cargo de él y tú lo perderás’”.
Las personas entrevistadas dijeron que no tenían condenas penales en Estados Unidos. En un publicación en X del 24 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que 15 de los 161 haitianos deportados en el vuelo del 20 de agosto tenían condenas penales. Ninguna de las personas entrevistadas figuraba en esta lista.
Recomendaciones
Al gobierno de Estados Unidos:
- Suspender de inmediato todas las deportaciones a Haití, de conformidad con el principio de no devolución, mientras las condiciones generales hagan que el regreso sea inseguro para todas las personas.
- Recurrir a la detención migratoria únicamente cuando sea necesaria y proporcional, y por el menor tiempo posible para alcanzar un objetivo legítimo. Utilizar, siempre que sea posible, alternativas a la detención menos invasivas. Garantizar que las personas detenidas por motivos migratorios puedan consultar con un asesor legal, entre otras medidas, proporcionando espacios privados para reuniones, acceso suficiente a teléfono e información oportuna sobre sus derechos legales y procesales durante los procedimientos de deportación.
- Garantizar el derecho de las personas haitianas al debido proceso en los procedimientos migratorios, incluyendo una notificación adecuada y la oportunidad de impugnar una posible deportación, así como una audiencia ante un juez de inmigración cuando corresponda.
- Si continúan las deportaciones, garantizar que se devuelvan íntegramente los teléfonos, el dinero en efectivo, los documentos y las demás pertenencias de las personas deportadas, y proporcionar a las autoridades haitianas, con suficiente antelación a cada vuelo, y únicamente con el consentimiento libre e informado de las personas deportadas, información sobre sus necesidades médicas y, siempre que se garantice la confidencialidad y se tengan en cuentas las necesidades de protección, sobre otras situaciones de vulnerabilidad que decidan divulgar a las autoridades receptoras.
Al Congreso de Estados Unidos:
- El Senado debería aprobar urgentemente el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que prorrogaría el TPS para los haitianos hasta 2029.
- Realizar audiencias públicas de supervisión sobre la detención y deportación de personas haitianas y exigir que el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas divulguen las políticas, los registros y los datos pertinentes, incluida información sobre el acceso a abogados y jueces de inmigración, la tramitación de solicitudes de protección pendientes, las separaciones familiares y los procedimientos para proteger y recuperar las pertenencias de las personas deportadas.
Al gobierno de Haití:
- Elaborar, con el apoyo de donantes y de las Naciones Unidas, un plan nacional coordinado de recepción y reintegración que incluya evaluaciones de riesgo individualizadas, alojamiento temporal, transporte seguro hacia el destino final y asistencia alimentaria y de otro tipo de manera sostenida.
- Establecer un procedimiento expedito para la expedición de documentos de identidad a las personas deportadas y ampliar la capacidad estatal en materia de protección infantil en los puntos de recepción.
- Solicitar formal y públicamente a Estados Unidos que limite la frecuencia de los vuelos, y el número de personas deportadas en cada uno, al menos hasta que exista una infraestructura de recepción adecuada.
A Canadá, la Unión Europea y sus Estados miembros, así como a los gobiernos de América Latina y el Caribe:
- Proporcionar a la OIM y a otros actores humanitarios en Haití financiamiento previsible y específico para apoyar a las autoridades haitianas en la ampliación de los servicios de recepción en Cabo Haitiano. Estos servicios deberían incluir personal capacitado, evaluaciones individualizadas de necesidades, alojamiento de emergencia, remisiones a servicios médicos y psicosociales, transporte seguro hacia el destino final, gestión de casos y asistencia para la reintegración a largo plazo.
- Apoyar a las autoridades haitianas en la elaboración e implementación de un plan nacional coordinado de recepción y reintegración.
- Contribuir al Plan de Respuesta Humanitaria para Haití coordinado por las Naciones Unidas.
- Abstenerse de devolver a personas haitianas a Haití o a países, incluido Estados Unidos, que probablemente las devuelvan a Haití. Canadá también debería abstenerse de devolver a solicitantes de asilo haitianos a Estados Unidos en virtud del Acuerdo de Tercer País Seguro y garantizar que tengan acceso a un procedimiento de asilo pleno y justo en Canadá.
A los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas:
- Garantizar que cualquier renovación de la autorización de la Fuerza de Represión de las Bandas proporcione el personal y los recursos necesarios para apoyar a las autoridades haitianas en la protección de la población y la respuesta a la violencia criminal, manteniendo al mismo tiempo salvaguardias sólidas de derechos humanos, supervisión independiente, informes transparentes y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
